¡Victoria para Chocobar! Macristas celebran anulación de su condena
El fallo de Chocobar: Un triunfo de la impunidad y la violencia institucional
El polémico caso de Chocobar
El reciente fallo de la sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, que anula la condena a dos años de prisión al policía Luis Chocobar por el asesinato de Lucas González, ha generado una ola de indignación y preocupación en la sociedad argentina. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia institucional y la impunidad de las fuerzas de seguridad en el país.
La impunidad de Chocobar
Chocobar fue condenado en diciembre de 2021 por el homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber de Lucas González, un joven de 17 años que recibió un disparo por la espalda mientras huía de la policía tras estar involucrado en un asalto. La sentencia fue apelada por la defensa del policía, lo que ha llevado a la anulación del fallo y a la orden de realizar un nuevo juicio.
La decisión del tribunal de casación ha sido ampliamente criticada por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, quienes denuncian que el fallo envía un mensaje de impunidad a las fuerzas de seguridad y sienta un precedente peligroso para la protección de los derechos fundamentales.
La violencia institucional en Argentina
El caso de Chocobar no es un hecho aislado. En Argentina, los casos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad son una constante, con un promedio de 3 personas asesinadas por policías cada día. Estos abusos se caracterizan por el uso excesivo de la fuerza, la impunidad y la falta de rendición de cuentas.
La violencia institucional afecta desproporcionadamente a las personas pobres, jóvenes y racializadas, lo que perpetúa las desigualdades sociales y socava el Estado de derecho.
La responsabilidad del gobierno
El gobierno nacional tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado una política de mano dura que ha dado lugar a un aumento de la violencia institucional.
La reducción de la delincuencia no puede lograrse a costa de los derechos fundamentales. El Estado debe garantizar la seguridad ciudadana utilizando medios legítimos y proporcionados, respetando la vida y la integridad física de las personas.
El rol de la sociedad civil
La sociedad civil tiene un papel crucial que desempeñar en la lucha contra la violencia institucional. Es necesario exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad, denunciar los abusos y apoyar a las víctimas y sus familias.
La movilización social y la presión ciudadana son esenciales para promover cambios políticos y lograr una sociedad más justa y equitativa.
"La violencia institucional es una violación de los derechos humanos que atenta contra la democracia y el Estado de derecho. Es imperativo que el Estado tome medidas efectivas para erradicar este flagelo." - Amnistía Internacional
Amnistía Internacional
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