Vivienda pública: La solución a la crisis del mercado inmobiliario en España

La actual crisis del mercado inmobiliario, caracterizada por una oferta escasa en compra y alquiler, ha empujado los precios a niveles desorbitados, marginando a un gran sector de la población. Esta situación afecta gravemente a la calidad de vida, ya que un porcentaje excesivo de los ingresos familiares se destina a la vivienda, y también perjudica la demografía, ya que las parejas no pueden permitirse formar nuevas familias.

El desajuste entre oferta y demanda

El informe "Mercado inmobiliario y política de la vivienda en España" (septiembre de 2024), coordinado por Santiago Carbó, confirma el gran desajuste entre oferta y demanda, que comenzó en 2021 y se ha ido gestando desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. La producción de viviendas se ha estancado debido a la crisis económica y al temor a repetir los errores del pasado, y actualmente se sitúa en torno a las 90.000 viviendas anuales, apenas el 40% de las necesarias.

El Banco de España estima que la demanda actual asciende a unas 600.000 viviendas, tanto en venta como en alquiler. A principios de este siglo, España construía cerca de esta cifra, pero actualmente la producción es insuficiente.

Otros factores que agravan la situación

Además de la dificultad técnica y económica para aumentar el ritmo de construcción de viviendas, hay otros fenómenos que agravan la situación.

En los últimos cincuenta años, casi siete millones de viviendas protegidas han pasado a ser libres, reduciendo el peso de la vivienda social al 5,4%, frente al 9,3% de media en la UE. El auge de las "viviendas turísticas" ha desviado unas 60.000 viviendas al año hacia el mercado de segunda residencia y el alquiler a turistas, restando también oferta. Existen cuatro millones de viviendas vacías en España, lo que evidencia la necesidad de abordar este problema.

Medidas necesarias: vivienda pública y equilibrio de mercado

Ante esta realidad, es imprescindible adoptar medidas provisionales a corto plazo, como límites al alquiler en zonas tensionadas y subvenciones a los jóvenes, mientras se desarrolla una política a largo plazo basada en la construcción de vivienda pública.

La vivienda pública debe ser la herramienta principal para estabilizar el mercado, como han demostrado la mayoría de los países europeos. La intervención del sector público debe ser coherente con la lógica mercantil, evitando limitar los precios de la vivienda y desincentivar la iniciativa constructora.

El objetivo es que el sector público lance al mercado un número suficiente de viviendas para equilibrar la oferta y la demanda a un precio razonable, definido en función del salario medio y mínimo.

Una vez alcanzado este equilibrio, las ayudas para garantizar el acceso a la vivienda para todos pueden obtenerse mediante un gravamen fiscal sobre las viviendas vacías. El objetivo es establecer un mercado abierto, pero acabar con la especulación que perjudica el bienestar general.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//opinion/mas-vivienda-publica-crisis.html