Weretilneck rechaza peaje a camiones chilenos y denuncia abandono de rutas nacionales en Río Negro.
La disputa por el mantenimiento de las rutas nacionales en la Patagonia argentina se intensifica. Mientras el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, propone un peaje para camiones chilenos como solución al deterioro vial, su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, rechaza la idea por considerarla inviable legalmente y critica el abandono sistemático del gobierno nacional hacia la infraestructura vial patagónica. Este artículo analiza en profundidad las posturas divergentes, las implicaciones legales y económicas de la propuesta de peaje, y la creciente frustración de las provincias patagónicas ante la falta de inversión y mantenimiento de las rutas nacionales.
El Rechazo de Weretilneck al Peaje para Camiones Chilenos
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, se mostró escéptico ante la propuesta de Ignacio Torres de implementar un peaje específico para camiones provenientes de Chile. Durante una visita a San Carlos de Bariloche, Weretilneck argumentó que las rutas nacionales son competencia exclusiva del gobierno federal y que las provincias no tienen la potestad de establecer cánones o impuestos sobre ellas. Además, enfatizó la existencia de convenios internacionales entre Argentina y Chile que podrían impedir la aplicación de este tipo de medidas. Weretilneck aclaró que, si bien respeta la iniciativa de su colega chubutense, las evaluaciones realizadas en Río Negro determinaron que la imposición de un peaje era inviable debido a estas dos razones fundamentales: la jurisdicción nacional de las rutas y los acuerdos internacionales.
El gobernador rionegrino no descartó que Torres haya considerado otros aspectos o situaciones particulares en Chubut, pero reiteró que la legislación vigente y los compromisos internacionales limitan la capacidad de las provincias para actuar de forma autónoma en este ámbito. Esta postura refleja una visión más cautelosa y pragmática, centrada en el marco legal existente y en la necesidad de evitar posibles conflictos diplomáticos con Chile. Weretilneck prefirió enfocarse en la responsabilidad del gobierno nacional en el mantenimiento y mejora de las rutas, argumentando que la solución al problema no reside en medidas unilaterales de las provincias, sino en una mayor inversión y atención por parte del Estado central.
El Deterioro de las Rutas Nacionales: Una Crítica Constante
Más allá de su rechazo al peaje, Weretilneck aprovechó la oportunidad para expresar su profundo malestar con el gobierno nacional por el estado de abandono en el que se encuentran las rutas nacionales de Río Negro. Denunció la falta de respuesta a los reiterados pedidos de provincialización de las rutas, operación y mantenimiento, y un plan de obras y mantenimiento integral. Según el gobernador, todas las solicitudes realizadas a Nación han sido ignoradas o rechazadas, lo que ha llevado a la provincia a considerar la vía judicial como última instancia. Esta situación refleja una creciente frustración de las provincias patagónicas ante la falta de inversión y atención por parte del gobierno central en la infraestructura vial, considerada esencial para el desarrollo económico y social de la región.
Weretilneck enumeró específicamente las rutas 22, 151, 3, 40 Sur y 23 como ejemplos del deterioro generalizado. Afirmó que la mayoría de estas rutas se encuentran “destruidas” y que, en otras, las obras de construcción iniciadas hace tiempo no han sido finalizadas. Esta situación no solo dificulta el transporte de mercancías y personas, sino que también genera riesgos para la seguridad vial y aumenta los costos de producción y distribución. El gobernador enfatizó que la falta de mantenimiento preventivo ha agravado el problema, permitiendo que pequeñas deterioros se conviertan en daños mayores que requieren inversiones más costosas para su reparación.
La Posibilidad de una Acción Judicial
Ante la inacción del gobierno nacional, el gobernador Weretilneck anunció que está evaluando, junto con el Fiscal de Estado, la posibilidad de presentar un recurso judicial ante la Justicia Federal en representación de la provincia de Río Negro. Esta medida, considerada como una última opción, busca obligar al Estado nacional a cumplir con sus obligaciones en materia de mantenimiento y mejora de las rutas nacionales. La acción judicial se basaría en la argumentación de que el Estado nacional está incumpliendo con su deber de garantizar la transitabilidad y seguridad de las rutas, lo que afecta directamente los intereses económicos y sociales de la provincia. Weretilneck no especificó los detalles de la demanda, pero anticipó que se buscará una solución definitiva al problema del abandono de las rutas.
La decisión de recurrir a la Justicia Federal refleja la desesperación de la provincia ante la falta de diálogo y la negativa del gobierno nacional a atender sus demandas. Esta medida podría sentar un precedente importante, ya que otras provincias patagónicas podrían seguir el mismo camino si la situación no mejora. Sin embargo, también implica un riesgo, ya que el proceso judicial podría ser largo y costoso, y no garantiza una solución favorable. A pesar de estos riesgos, Weretilneck considera que es necesario agotar todas las instancias posibles para defender los intereses de la provincia y garantizar el derecho de sus ciudadanos a una infraestructura vial adecuada.
El Impacto del Transporte de Carga Pesada y la Propuesta de Torres
La propuesta del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cobrar un peaje a los camiones chilenos se basa en la premisa de que el transporte de carga pesada proveniente del vecino país es una de las principales causas del deterioro de las rutas patagónicas. Torres argumenta que los camiones chilenos, al circular con cargas superiores a las permitidas y al no cumplir con las regulaciones de tránsito, aceleran el desgaste del pavimento y generan mayores costos de mantenimiento. La idea es utilizar los fondos recaudados con el peaje para financiar obras de reparación y mantenimiento de las rutas afectadas. Esta propuesta ha generado un debate intenso en la región, con defensores que la ven como una solución viable y críticos que la consideran discriminatoria e inviable legalmente.
El argumento de Torres se basa en la observación de que el volumen de tráfico de camiones chilenos ha aumentado significativamente en los últimos años, debido al crecimiento del comercio bilateral y a la falta de alternativas de transporte. Este aumento del tráfico ha ejercido una presión adicional sobre las rutas patagónicas, que ya se encontraban en un estado precario debido a la falta de inversión y mantenimiento. Sin embargo, los críticos de la propuesta señalan que el problema no se limita al transporte de carga pesada chileno, sino que también es causado por el transporte de carga nacional y por la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades competentes. Además, argumentan que la imposición de un peaje podría afectar las relaciones comerciales con Chile y generar represalias.
Convenios Internacionales y la Viabilidad Legal del Peaje
Uno de los principales obstáculos para la implementación del peaje propuesto por Torres son los convenios internacionales firmados entre Argentina y Chile en materia de transporte y comercio. Estos convenios establecen principios de no discriminación y libre tránsito, que podrían ser incompatibles con la imposición de un tributo específico a los camiones chilenos. Además, la Constitución Nacional argentina establece que los tratados internacionales tienen jerarquía de ley, lo que significa que deben ser respetados por todas las autoridades del país. Por lo tanto, la implementación del peaje requeriría una revisión o modificación de los convenios existentes, lo que podría ser un proceso largo y complejo.
Los expertos en derecho internacional coinciden en que la imposición de un peaje discriminatorio podría ser considerada una violación de los principios de reciprocidad y no discriminación establecidos en los tratados internacionales. Esto podría generar una disputa legal entre Argentina y Chile, con consecuencias negativas para las relaciones bilaterales. Además, la medida podría ser impugnada por las empresas de transporte chilenas ante los tribunales internacionales. Por estas razones, la viabilidad legal del peaje es cuestionable y requiere un análisis exhaustivo de los convenios internacionales y la legislación nacional.
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