YPF: EEUU suspende el embargo de acciones y abre espacio a negociación con Argentina
La saga judicial por la estatización de YPF en 2012 continúa generando incertidumbre y tensiones entre Argentina y los fondos de inversión que reclamaron indemnización por la expropiación. Un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos ha suspendido temporalmente la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital, aliviando la presión inmediata sobre el gobierno argentino, pero no resolviendo el fondo del litigio. Este artículo analiza en profundidad los acontecimientos recientes, el contexto histórico del juicio, las posiciones de las partes involucradas y las posibles implicaciones para el futuro de YPF y la economía argentina.
- Antecedentes: La Estatización de YPF y el Inicio del Litigio
- El Fallo de Preska y la Orden de Transferencia de Acciones
- La Suspensión de la Corte de Apelaciones: Un Respiro Temporal
- La Posición de Burford Capital: Negociación como Opción Preferida
- Argumentos de la Defensa Argentina: Jurisdicción y Material Imposibilidad
- El Rechazo al Pedido de la ONG Republican Action for Argentina
- Implicaciones para YPF y la Economía Argentina
Antecedentes: La Estatización de YPF y el Inicio del Litigio
En 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, la petrolera estatal, al consorcio español Repsol. La decisión, justificada por la necesidad de asegurar la soberanía energética y aumentar la producción de hidrocarburos, generó una fuerte controversia a nivel internacional y desencadenó una serie de demandas por parte de accionistas minoritarios, principalmente fondos de inversión. Estos accionistas argumentaron que la estatización violó sus derechos como inversores y reclamaron una indemnización por la pérdida de sus acciones.
El caso se tramitó en los tribunales de Nueva York, donde se determinó que la estatización había violado los derechos de los accionistas minoritarios. La jueza Loretta Preska ordenó a Argentina pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses, una cifra que el gobierno argentino considera excesiva e inaceptable. Burford Capital, un fondo de inversión especializado en litigios, adquirió los derechos de los demandantes originales y se convirtió en el principal acreedor en el caso.
El Fallo de Preska y la Orden de Transferencia de Acciones
En junio de 2024, la jueza Preska emitió una orden sin precedentes que obligaba a Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a Burford Capital como forma de pago de la indemnización. La orden generó una gran preocupación en el gobierno argentino, que argumentó que la transferencia de activos estatales requiere la aprobación del Congreso con una mayoría especial, según la ley de expropiación. Además, se señaló que las acciones están registradas en la Caja de Valores argentina, lo que dificultaría su transferencia directa a un fondo extranjero.
El gobierno de Javier Milei, a través de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el fallo era "incumplible" y que no podría ejecutarse. Sin embargo, la jueza Preska insistió en su orden y comenzó a evaluar posibles mecanismos para hacerla efectiva, incluyendo la posibilidad de embargar otros activos argentinos en el extranjero.
La Suspensión de la Corte de Apelaciones: Un Respiro Temporal
Ante la inminente ejecución de la orden de Preska, el gobierno argentino solicitó a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos la suspensión de la transferencia de acciones hasta que se resolviera la apelación de fondo contra el fallo original. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a ese planteo y ratificó la suspensión en una resolución definitiva, permitiendo que las acciones de YPF permanezcan en la Caja de Valores mientras se desarrolla el proceso de apelación.
Esta decisión representa un alivio temporal para el gobierno argentino, ya que evita la necesidad de recurrir a la Corte Suprema estadounidense para frenar la ejecución de la orden. Sin embargo, no significa que el caso esté resuelto. La apelación de fondo aún debe ser considerada por la Corte de Apelaciones, y existe la posibilidad de que el fallo original sea confirmado o modificado.
La Posición de Burford Capital: Negociación como Opción Preferida
A pesar de la orden de Preska, Burford Capital ha manifestado públicamente que no busca quedarse con las acciones de YPF y que prefiere explorar una negociación con el gobierno argentino. El fondo ha valuado el litigio en 1.600 millones de dólares, lo que representa un 43% de su cartera principal. Sin embargo, las negociaciones entre Burford y el gobierno argentino se han estancado en los últimos meses.
Según fuentes cercanas al fondo, el gobierno argentino ha evitado encuentros directos para evitar posibles denuncias penales, como las que ocurrieron entre 2015 y 2023. El último contacto formal entre ambas partes habría sido en 2024, también con la participación de Guillermo Francos.
Argumentos de la Defensa Argentina: Jurisdicción y Material Imposibilidad
La defensa argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro y el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, ha argumentado que la jueza Preska se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos estatales. Además, se sostiene que la transferencia de acciones es materialmente imposible, ya que están registradas en la Caja de Valores argentina y su transferencia directa a un fondo extranjero requiere la aprobación del Congreso.
La defensa argentina también ha cuestionado la validez de la indemnización de 16.100 millones de dólares, argumentando que es excesiva y no refleja el valor real de las acciones expropiadas. Se espera que estos argumentos sean presentados en detalle durante la exposición oral de la apelación, prevista para la semana del 27 de octubre, inmediatamente después de las elecciones legislativas.
El Rechazo al Pedido de la ONG Republican Action for Argentina
En una decisión relacionada, la semana pasada el tribunal rechazó el pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) de anular la sentencia inicial e investigar penalmente a la familia Eskenazi, que era accionista minoritaria al momento de la nacionalización. La ONG argumentaba que la familia Eskenazi había participado en actividades fraudulentas para inflar el valor de sus acciones antes de la expropiación.
El tribunal consideró que no había pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de la ONG y desestimó su pedido. Esta decisión refuerza la posición de los demandantes originales y dificulta cualquier intento de invalidar el fallo original.
Implicaciones para YPF y la Economía Argentina
El litigio por YPF tiene importantes implicaciones para la empresa y la economía argentina. La incertidumbre jurídica generada por el caso dificulta la inversión en el sector energético y afecta la confianza de los inversores. Además, la posible obligación de pagar una indemnización millonaria podría tener un impacto negativo en las finanzas públicas.
Si bien la suspensión de la orden de transferencia de acciones proporciona un respiro temporal, el gobierno argentino debe buscar una solución negociada con Burford Capital para evitar un desenlace desfavorable. Una solución negociada podría implicar un acuerdo de pago que sea más realista y sostenible para las finanzas públicas argentinas.
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