YPF y Eskenazi: La década de Kirchner y un negocio millonario revelado
La historia de la relación entre el Grupo Petersen, liderado por los Eskenazi, y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es un relato de una ascensión meteórica, marcada por privatizaciones ventajosas, adjudicaciones directas y una posterior rentabilidad millonaria a costa del erario público. Este artículo desentraña los entresijos de esta conexión, desde sus orígenes en la provincia de Santa Cruz hasta la multimillonaria condena que Argentina enfrenta hoy en día, revelando cómo una empresa constructora de bajo perfil se convirtió en un actor clave en el panorama energético nacional, sin haber invertido capital propio significativo en el proceso.
Los Orígenes en Santa Cruz: La Privatización del Banco Provincia
En la década de 1990, la provincia de Santa Cruz, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, enfrentaba una crisis financiera que amenazaba la estabilidad del Banco Provincia. La solución adoptada no fue la búsqueda de una inversión externa competitiva, sino una privatización directa y discreta. Enrique Eskenazi, al frente del Grupo Petersen, fue el elegido para adquirir el 51% de las acciones del banco por una cifra de 10 millones de dólares, un monto que nunca fue formalizado públicamente. Esta operación, carente de transparencia y licitación, sentó las bases de una relación simbiótica entre el poder político y el capital privado.
La operación no solo implicó la transferencia de la propiedad del banco a manos privadas, sino también una asunción de riesgos por parte del Estado provincial. El gobierno de Kirchner se comprometió a hacerse cargo del pasivo del banco, que superaba los 200 millones de dólares, a través de la creación de un "Banco Residual". La gestión de este banco y el destino de su cartera incobrable nunca fueron objeto de una auditoría exhaustiva, lo que generó sospechas sobre la opacidad de la operación. Petersen, por tanto, adquirió el control del banco sin deuda y con la garantía de un flujo constante de ingresos.
El nuevo Banco Santa Cruz obtuvo un beneficio adicional: el manejo exclusivo de las cuentas sueldo de los empleados públicos y jubilados provinciales, un mercado cautivo de aproximadamente 70.000 personas. Lejos de pagar por este privilegio, el Estado santacruceño se comprometió a abonar un porcentaje mensual estimado en un 2% por los servicios administrativos prestados por el banco. Esta situación, paradójica y ventajosa para Petersen, consolidó su posición en la provincia y le permitió acumular beneficios a costa de las arcas públicas.
Expansión Nacional: Obras Públicas y el Rol de "Empresa Acompañante"
Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, el Grupo Petersen extendió su influencia al ámbito nacional. Si bien las principales adjudicaciones de obras públicas quedaron en manos de empresas vinculadas a Lázaro Báez, Petersen desempeñó un papel peculiar, actuando como una "empresa acompañante" en licitaciones que siempre eran ganadas por las constructoras afines al gobierno. Esta práctica, según investigaciones judiciales, simulaba competencia y permitía inflar los precios de las obras públicas.
De las 51 obras viales cuestionadas en la causa Vialidad, Petersen participó en 38, sin adjudicarse ninguna. Su rol se limitaba a presentar ofertas que, aunque no ganaban, servían para legitimar el proceso licitatorio y evitar sospechas de irregularidades. Esta estrategia, aunque sutil, permitió a Petersen obtener beneficios indirectos, como la posibilidad de subcontratar parte de las obras o acceder a información privilegiada sobre futuros proyectos.
La fiscalía en la causa Vialidad, a cargo de Diego Luciani, solicitó una investigación separada al Grupo Petersen, considerando que su participación en las licitaciones fraudulentas podría constituir un delito. Esta solicitud pone de manifiesto la sospecha de que Petersen no solo se benefició de la cercanía política con el gobierno, sino que también participó activamente en la manipulación de los procesos licitatorios.
La Joya de la Corona: La Adquisición de YPF y la Demanda en Nueva York
El negocio más lucrativo para el Grupo Petersen llegó en 2008, con la adquisición del 25% de las acciones de YPF a la española Repsol. Al igual que en la privatización del Banco Santa Cruz, la operación se realizó sin desembolsar grandes sumas de dinero. Los Eskenazi se comprometieron a pagar con los dividendos futuros de la empresa, bajo el amparo político de Néstor Kirchner, quien continuaba ejerciendo influencia desde la trastienda del gobierno de su esposa.
Esta jugada maestra permitió a Petersen acceder a una participación estratégica en la principal empresa energética del país, sin asumir un riesgo financiero significativo. La operación fue vista por muchos como un favor político, ya que Repsol se vio obligada a aceptar las condiciones impuestas por los Eskenazi, respaldadas por el poder del gobierno argentino. La adquisición de YPF consolidó la posición de Petersen como un actor clave en el sector energético nacional.
En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió a Repsol la participación mayoritaria en YPF. Tanto Repsol como Petersen Energía, iniciaron una demanda en Nueva York, reclamando una compensación por la expropiación. En 2023, una jueza de ese país condenó a Argentina a pagar una suma estratosférica de 16.000 millones de dólares, incluyendo los intereses y las costas judiciales. De esta cifra, una parte proporcional corresponde al paquete accionario de Petersen Energía.
Petersen Energía, por lo tanto, se encuentra a punto de recibir una renta extraordinaria por un negocio que, en sus orígenes, fue cuestionado por su falta de transparencia y su evidente beneficio para el Grupo Petersen. La condena impuesta por la justicia estadounidense representa un golpe durísimo para las finanzas públicas argentinas y pone de manifiesto las consecuencias de las decisiones políticas y económicas tomadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
El Legado de una Relación Controversial
La historia del Grupo Petersen y su vínculo con los Kirchner es un ejemplo paradigmático de cómo la cercanía política y la falta de controles pueden generar oportunidades de negocio lucrativas a costa del erario público. La privatización del Banco Santa Cruz, la participación en licitaciones fraudulentas y la adquisición de YPF son solo algunos de los episodios que ilustran esta relación controvertida.
La condena impuesta por la justicia estadounidense representa un costo significativo para Argentina, pero también una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las instituciones, promover la transparencia y garantizar la igualdad de condiciones en los procesos licitatorios. La impunidad y la corrupción son obstáculos para el desarrollo económico y social del país, y es fundamental combatirlas con determinación.
El caso Petersen-Kirchner también pone de manifiesto la importancia de la independencia judicial y la necesidad de investigar a fondo las denuncias de corrupción, sin importar quiénes estén involucrados. La justicia debe actuar con imparcialidad y rigor, para garantizar que los responsables de actos ilícitos sean sancionados y que se recupere el dinero defraudado.
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