Desahucio inminente tras una década de lucha contra la estafa hipotecaria
Un decenio bajo la amenaza del desalojo: "Víctima de los bancos y desamparada por las autoridades"
Al acercarse a su sexagésimo cumpleaños, debería encontrarse en un momento vital con pocas incógnitas pendientes y en el que empezar a planificar una merecida jubilación tras años de dedicación laboral. Sin embargo, esta chilena residente en España desde hace dos décadas, a un mes de agotar su prestación social, se enfrenta de nuevo a la amenaza de desalojo y a la posibilidad de quedarse sin hogar.
Impacto de la crisis inmobiliaria en España
Afectada por la crisis hipotecaria tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, califica la situación como una "estafa" y lleva años luchando en el movimiento por el derecho a la vivienda, tanto por su propio caso como para apoyar a otras personas en situaciones similares en España, donde se han producido más de 700.000 desahucios desde 2008.
El movimiento ha demostrado su fuerza al paralizar miles de desalojos y ha enseñado a Elsa a "transformar la tristeza en fuerza", a sentirse acompañada en esta lucha.
Hipoteca concedida sin garantías
"Con solo seis meses de residencia en España y mostrando mi pasaporte" le concedieron una hipoteca en 2000 para adquirir una vivienda junto a su marido, propietario de una pequeña empresa de construcción.
El negocio prosperaba tanto que en 2006 su hermano también se trasladó a Madrid y solicitaron otra hipoteca para que pudiera disponer de su propia casa.
Crisis, violencia y desamparo
Un año después, con la crisis inmobiliaria, su situación dio un vuelco: el trabajo escaseaba y mantener a sus tres hijos se hacía difícil. Además, Elsa vivía un infierno en casa debido a los maltratos físicos y psicológicos de su marido, que incluso intentó acabar con su vida.
Tras mucho sufrimiento y una denuncia por violencia de género, su agresor regresó a Chile, dejándola al frente de todos los gastos, a pesar de que las hipotecas estaban a nombre de ambos.
"Inicialmente dijo que me ayudaría a pagar, pero nunca lo hizo", relata Elsa.
Además, su hermano también regresó a su país de origen.
Dificultades para afrontar los pagos
Para colmo, su hijo menor enfermó en 2013 y las visitas al hospital comenzaron a ocupar la mayor parte de su tiempo, haciendo prácticamente imposible mantener un trabajo.
Elsa se las arregló como pudo para pagar las cuotas durante varios años, hasta 2014.
Aunque pudo alquilar la casa de su hermano por 300 euros para aliviar su precaria situación, las cuotas de ambas hipotecas no dejaban de aumentar con la subida del Euribor. Llegó a pagar hasta 1.800 euros, hasta que finalmente se produjeron los primeros tres impagos y el banco, entonces CatalunyaCaixa -luego absorbido por BBVA-, la demandó.
"En un principio dijo que me iba a ayudar a pagarlo, pero nunca lo hizo".
Elsa
La subasta de su vivienda y la batalla legal
En 2015, mientras su hijo era intervenido en el hospital de un tumor cerebral, su vivienda fue subastada y adquirida por la empresa Meridia Capital, una filial del fondo de inversión estadounidense Blackstone, con miles de viviendas alquiladas a precios cada vez más elevados.
Elsa se sentía "estafada", pero para entonces ya formaba parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Carabanchel y, lejos de rendirse, estaba decidida a no perder su casa.
Acuerdo con el fondo de inversión
En 2017 llegó el juicio y el fondo de inversión se negó a negociar: le dio una semana para abandonar la casa.
"Yo quería llegar a un acuerdo para poder pagar un alquiler social, estaba desesperada porque no podía ir a ningún sitio y menos aún con mi hijo enfermo", explica.
Finalmente, se alcanzó un acuerdo: Elsa tuvo que entregar a Meridia Capital el piso que tenía alquilado para saldar la deuda pendiente, mientras que con su casa solo pudo negociar un contrato de alquiler por tres años, hasta 2020.
"Para mí no es un hogar", admite Elsa, que sigue luchando por conseguir una vivienda digna y asequible para ella y su hijo.
La historia de Elsa es un reflejo de las miles de personas que han sufrido las consecuencias de la crisis inmobiliaria y la falta de protección por parte de las autoridades.
El movimiento por el derecho a la vivienda sigue siendo fundamental para luchar contra los desahucios, exigir alquileres asequibles y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos.
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