Cierran centros de estudiantes en cárceles: ¿Retroceso en educación penitenciaria?

La reciente decisión del Ministerio de Seguridad de restringir la participación de personas privadas de libertad en los centros de estudiantes dentro de las cárceles argentinas ha desatado una controversia significativa. Bajo el argumento de combatir el funcionamiento de estos centros, considerados problemáticos, se ha limitado el acceso a espacios educativos y de organización estudiantil para los internos. Esta medida, que revierte avances en la reinserción social a través de la educación, plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno en materia de política penitenciaria y el derecho a la educación de la población carcelaria. El caso de "La banda de los usurpadores", con sus detenidos trasladados a fiscalía, sirve como telón de fondo para un debate más amplio sobre las condiciones de vida en prisión y las oportunidades de rehabilitación.

Restricciones a la Educación Penitenciaria: Un Retroceso en la Reinserción

La educación en contextos de encierro ha sido históricamente reconocida como una herramienta fundamental para la reinserción social. Permite a los internos adquirir habilidades, conocimientos y valores que facilitan su reintegración a la sociedad una vez cumplida su condena. Los centros de estudiantes en las cárceles, lejos de ser un problema, representan un espacio vital para el desarrollo de la autonomía, la participación ciudadana y el pensamiento crítico entre la población carcelaria. Al restringir su funcionamiento, se limita la posibilidad de que los internos se conviertan en agentes de cambio y se perpetúa un ciclo de exclusión y marginalización.

La ministra de Seguridad justificó la medida argumentando que los centros de estudiantes son un foco de conflicto y que su funcionamiento es "problemático". Sin embargo, esta afirmación carece de sustento y contradice la evidencia empírica que demuestra los beneficios de la educación penitenciaria. Especialistas advierten que los centros de estudiantes son los que garantizan que los espacios de educación permanezcan abiertos y que se ofrezcan programas educativos de calidad. Al desmantelarlos, se corre el riesgo de que la educación en las cárceles se deteriore aún más, dejando a los internos en una situación de vulnerabilidad y abandono.

La decisión ministerial, oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, prohíbe la existencia de centros de estudiantes en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y restringe la participación de los internos en actividades educativas fuera del horario de clases. Esta medida, que se suma a otras restricciones impuestas en los últimos años, evidencia una política penitenciaria cada vez más punitiva y menos enfocada en la rehabilitación. La publicación ostentosa de la noticia en la cuenta de X del Ministerio de Seguridad, con un tono triunfalista, revela una falta de sensibilidad hacia la problemática de la población carcelaria y una visión simplista de la reinserción social.

El Argumento de la Seguridad vs. El Derecho a la Educación

El debate sobre la educación penitenciaria a menudo se enmarca en una dicotomía entre seguridad y derechos humanos. Algunos argumentan que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de la sociedad y que la educación de los internos es un lujo que no se puede permitir. Sin embargo, esta visión ignora que la educación es una inversión en la seguridad a largo plazo. Al proporcionar a los internos las herramientas necesarias para reintegrarse a la sociedad de manera pacífica y productiva, se reduce el riesgo de reincidencia y se contribuye a la construcción de una sociedad más justa y segura.

El derecho a la educación está consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina. Este derecho no se pierde con la privación de libertad y debe ser garantizado a todas las personas, independientemente de su condición jurídica. La educación penitenciaria no solo cumple con una obligación legal, sino que también es una cuestión de justicia social y de dignidad humana. Al restringir el acceso a la educación, se vulneran los derechos fundamentales de los internos y se obstaculiza su proceso de rehabilitación.

La experiencia internacional demuestra que los países con sistemas penitenciarios más avanzados son aquellos que invierten en educación y programas de rehabilitación. Estos programas no solo reducen la reincidencia, sino que también contribuyen a mejorar las condiciones de vida en prisión y a fomentar una cultura de respeto y convivencia pacífica. Argentina, lamentablemente, se encuentra rezagada en este aspecto y necesita urgentemente adoptar políticas penitenciarias más progresistas y humanitarias.

El Rol de los Centros de Estudiantes en la Vida Carcelaria

Los centros de estudiantes en las cárceles desempeñan un papel crucial en la vida de los internos. Son espacios de encuentro, debate y organización donde los internos pueden expresar sus opiniones, defender sus derechos y participar en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana. A través de los centros de estudiantes, los internos pueden acceder a información relevante, recibir apoyo emocional y desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.

Además de su función de representación y defensa de los derechos de los internos, los centros de estudiantes también contribuyen a mejorar la calidad de la educación en las cárceles. Organizan actividades extracurriculares, talleres y seminarios que complementan la formación académica y promueven el desarrollo integral de los internos. También colaboran con las autoridades penitenciarias en la implementación de programas educativos y en la resolución de conflictos.

La prohibición de los centros de estudiantes en el SPF no solo afecta a los internos que participan activamente en estos espacios, sino que también perjudica a toda la comunidad carcelaria. Al silenciar las voces de los internos y limitar su capacidad de organización, se crea un clima de desconfianza y resentimiento que dificulta la convivencia pacífica y la rehabilitación.

La Resolución Ministerial: Detalles y Alcances

La resolución ministerial que prohíbe los centros de estudiantes en el SPF es breve y concisa. En sus dos artículos, se establece que no se permitirá la organización de centros de estudiantes en el SPF y que se restringirá la participación de las personas privadas de libertad en los centros educativos fuera del horario de clases. La resolución no explica las razones que motivaron esta decisión ni ofrece alternativas para garantizar el derecho a la educación de la población carcelaria.

La ambigüedad de la resolución ha generado incertidumbre entre los internos y los operadores penitenciarios. No está claro qué tipo de actividades educativas se consideran permitidas y cuáles están prohibidas. Tampoco se ha definido qué medidas se tomarán para garantizar que los internos puedan seguir accediendo a la educación en igualdad de condiciones. Esta falta de claridad puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias y a la violación de los derechos de los internos.

La resolución ministerial ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y por especialistas en política penitenciaria. Consideran que la medida es desproporcionada, injustificada y contraria a los principios de la reinserción social. Han anunciado que presentarán recursos legales para impugnar la resolución y exigir que se restablezca el derecho a la educación de la población carcelaria.

El Caso "La Banda de los Usurpadores": Un Contexto Problemático

El caso de "La banda de los usurpadores", con sus detenidos trasladados a fiscalía, sirve como un ejemplo de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad en Argentina. La falta de recursos, la sobrepoblación carcelaria y la violencia son problemas endémicos que dificultan la rehabilitación de los internos y aumentan el riesgo de reincidencia. En este contexto, la educación y la participación en actividades educativas se convierten en una herramienta aún más importante para brindar esperanza y oportunidades a los internos.

La criminalización de la protesta social y la estigmatización de los movimientos sociales han contribuido a crear un clima de intolerancia y represión que afecta a la población carcelaria. Los internos que participan en actividades de protesta o que expresan opiniones críticas son a menudo objeto de persecución y hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias. Esta situación dificulta aún más su proceso de rehabilitación y los aleja de la posibilidad de reintegrarse a la sociedad.

Es fundamental que se adopten medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida en las cárceles argentinas y para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población carcelaria. Esto incluye invertir en infraestructura, aumentar el personal penitenciario, mejorar la calidad de la educación y la atención médica, y promover programas de rehabilitación y reinserción social.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” Nelson Mandela

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/791260-el-gobierno-dispuso-que-los-presos-hagan-tareas-de-limpieza-