Disputa por Agua en Copiapó: Minera Candelaria y Cumplimiento de Reparación Ambiental
La escasez hídrica en Chile, exacerbada por la actividad minera, ha generado conflictos socioambientales de gran envergadura. El caso de la Minera Candelaria de Lundin y su impacto en el acuífero del río Copiapó es un ejemplo paradigmático de estas tensiones. A pesar de un acuerdo de conciliación aprobado en 2021, persisten las discrepancias sobre la efectividad de las medidas de reparación implementadas, revelando la complejidad de abordar los daños ambientales causados por la industria extractiva y la necesidad de una fiscalización rigurosa.
- Antecedentes del Conflicto: La Demanda del CDE y el Acuerdo de Conciliación
- La Disputa por la Conducción de Agua al Río Copiapó y Parque Kaukari
- Argumentos de la Minera: Cumplimiento Técnico y Responsabilidad de Terceros
- El Rol de la DGA y el CDE: Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento
- Implicaciones del Caso para la Gestión de Recursos Hídricos y la Minería en Chile
Antecedentes del Conflicto: La Demanda del CDE y el Acuerdo de Conciliación
En julio de 2019, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda contra la Compañía Contractual Minera Candelaria, alegando daños ambientales en el Sector N° 4 del acuífero del río Copiapó. La acusación central se basaba en la disminución de los niveles estáticos del agua en los pozos, atribuidos a la sobreexplotación de aguas subterráneas más allá de los límites establecidos en la evaluación ambiental del proyecto “Segunda Fase Proyecto Candelaria”. Además, se señalaron incumplimientos de otras obligaciones ambientales destinadas a la protección del recurso hídrico, incluyendo la falta de reducción en el uso de agua fresca a medida que se incorporaban nuevas fuentes de abastecimiento.
Ante la gravedad de las acusaciones y la potencial prolongación de un litigio judicial, las partes optaron por explorar una solución a través de la conciliación. Este proceso culminó en un acuerdo aprobado por el Primer Tribunal Ambiental en enero de 2021. El acuerdo contemplaba una serie de medidas enfocadas en la investigación, reparación y compensación ambiental. Entre las acciones acordadas se encontraban la realización de estudios para identificar los servicios ecosistémicos de las aguas en la cuenca, la estimación de la demanda de agua en el acuífero Copiapó, y el levantamiento topográfico de la red de monitoreo en colaboración con la Dirección General de Aguas (DGA).
En cuanto a las medidas de reparación, el acuerdo establecía la donación de derechos de aprovechamiento de aguas a entidades públicas con fines de conservación, así como la implementación de un sistema de conducción de agua al río Copiapó y al Parque Kaukari. Este último punto, precisamente, se ha convertido en el centro de la controversia actual, generando un debate sobre la interpretación del acuerdo y la efectividad de las acciones implementadas por la minera.
La Disputa por la Conducción de Agua al Río Copiapó y Parque Kaukari
El núcleo del conflicto actual reside en la implementación de la medida destinada a la conducción de agua al río Copiapó y al Parque Kaukari. Si bien la minera ha realizado las descargas comprometidas, la DGA ha detectado que el agua no está llegando efectivamente al parque, sino que se infiltra a unos 500 metros aguas arriba. Esta situación ha llevado a la DGA a proponer que el volumen comprometido se contabilice desde el punto donde el agua llega al parque, una propuesta que ha sido rechazada por la compañía minera.
El CDE, por su parte, argumenta que el objetivo principal de la medida es favorecer la recarga del acuífero del río Copiapó y garantizar el flujo de agua hacia el Parque Kaukari. Según el abogado del CDE, Nicolás Escobar, la construcción de un canalón en 2023-2024 fue una respuesta a la detección de que el agua no estaba llegando al parque, y que esta infraestructura ha permitido, en definitiva, operacionalizar el objetivo del acuerdo. Sin embargo, el CDE enfatiza que el acuerdo no establece un volumen fijo de ingreso de agua al Parque Kaukari, sino que el agua debe llegar a dos puntos específicos para favorecer la recarga del acuífero.
La compañía minera, en cambio, sostiene que el acuerdo de conciliación solo exige la descarga de agua en el cauce del río, en un punto específico a unos dos kilómetros del Parque Kaukari, con un caudal promedio anual de 15 litros por segundo. Argumentan que el objetivo es lograr una infiltración de más de 6 millones de metros cúbicos entre 10 y 15 años, y que han cumplido con todas sus obligaciones al firmar convenios, obtener permisos, construir la infraestructura, ejecutar la descarga y acreditar el volumen de agua vertido en el río.
Argumentos de la Minera: Cumplimiento Técnico y Responsabilidad de Terceros
La defensa de la Minera Candelaria se centra en la validez del diseño técnico de la medida, que fue conocido y validado por la DGA. La compañía atribuye la infiltración anticipada del agua a obras ejecutadas por terceros en el cauce del río, específicamente a la construcción de un badén por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en las obras de construcción del Parque Kaukari. Según el abogado de la empresa, Javier Vergara, ni el Serviu ni la DGA tomaron medidas para asegurar que el agua escurriera hasta el parque, lo que provocó que se topara con el terraplén y no continuara fluyendo.
La minera rechaza cualquier responsabilidad en la falta de llegada del agua al parque, argumentando que su obligación se limita a descargar el agua en el punto acordado. Critican que la DGA ahora les descuente agua de la que han descargado religiosamente, cumpliendo con todas sus obligaciones. Enfatizan que no son responsables de la vigilancia del cauce del río, sino que simplemente ponen el recurso a disposición para que llegue de la mejor manera posible.
Esta postura implica una clara atribución de responsabilidad a otras entidades, argumentando que la infraestructura construida por terceros ha impedido que el agua cumpla su objetivo de llegar al Parque Kaukari. La compañía insiste en que modificar el criterio de cumplimiento implicaría alterar el objeto y alcance del acuerdo suscrito, lo que podría generar nuevas disputas legales.
El Rol de la DGA y el CDE: Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento
La Dirección General de Aguas (DGA) juega un papel crucial en el monitoreo y evaluación del cumplimiento del acuerdo de conciliación. Su informe de abril de 2025, que señala el cumplimiento parcial de la medida de conducción de agua, fue el detonante de la audiencia de seguimiento convocada por el Primer Tribunal Ambiental. La DGA ha insistido en la necesidad de contabilizar el volumen comprometido desde el punto donde el agua llega efectivamente al parque, argumentando que el objetivo principal es la recarga del acuífero y el beneficio para el ecosistema.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), como representante del Estado y defensor del medio ambiente, ha mantenido una postura firme en la exigencia del cumplimiento integral del acuerdo. Su abogado, Nicolás Escobar, ha enfatizado la importancia de garantizar que el agua llegue al Parque Kaukari para favorecer la recarga del acuífero y proteger los servicios ecosistémicos de la cuenca. El CDE ha realizado labores de monitoreo permanente del río Copiapó y de la medida específica, lo que ha permitido detectar la falta de llegada del agua al parque y fundamentar su solicitud de revisión del criterio de cumplimiento.
La tensión entre la interpretación de la minera y la de la DGA y el CDE pone de manifiesto la necesidad de una definición clara y precisa de los términos del acuerdo de conciliación, así como de un sistema de monitoreo y evaluación riguroso que permita verificar el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación. La falta de claridad en los objetivos y la ausencia de mecanismos de control adecuados pueden socavar la efectividad de los acuerdos y perpetuar los daños ambientales.
Implicaciones del Caso para la Gestión de Recursos Hídricos y la Minería en Chile
El caso de Minera Candelaria y el acuífero del río Copiapó tiene implicaciones significativas para la gestión de recursos hídricos y la regulación de la actividad minera en Chile. La escasez hídrica es un desafío creciente en el país, y la sobreexplotación de aguas subterráneas por parte de la industria minera ha generado conflictos socioambientales en diversas regiones. Este caso subraya la necesidad de fortalecer la fiscalización ambiental, exigir a las empresas mineras el cumplimiento estricto de las normas y promover la adopción de tecnologías y prácticas más sostenibles.
La controversia sobre la interpretación del acuerdo de conciliación también pone de manifiesto la importancia de definir con precisión los objetivos de las medidas de reparación y establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan verificar su efectividad. Es fundamental que los acuerdos de conciliación no se limiten a formalidades legales, sino que se traduzcan en beneficios reales para el medio ambiente y las comunidades afectadas. La participación activa de las partes interesadas, incluyendo las comunidades locales, es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos de negociación y la implementación de las medidas acordadas.
Además, este caso resalta la necesidad de abordar las responsabilidades de terceros en los daños ambientales. La minera atribuye la falta de llegada del agua al Parque Kaukari a obras ejecutadas por el Serviu, lo que plantea interrogantes sobre la coordinación entre las diferentes entidades públicas y la necesidad de asegurar que las obras de infraestructura no comprometan la efectividad de las medidas de reparación. La colaboración interinstitucional y la planificación integrada son fundamentales para evitar conflictos y garantizar la protección del medio ambiente.
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