El RIGI y la definición de proveedores locales: ¿Qué criterios se utilizan?
Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: Beneficios y Conflictos
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una ley nacional que ha generado controversia debido a la interpretación que las provincias y las empresas pueden hacer respecto a las preferencias y estímulos establecidos para los llamados "proveedores locales". Este tema es de suma importancia, ya que se establece que estos proveedores serán beneficiarios directos de al menos el 20% de las inversiones iguales o superiores a los 200 millones de dólares. La inclusión del concepto de "proveedor local" en el RIGI fue pensada por los legisladores para favorecer a los contratistas argentinos por encima de los extranjeros, sin dar prioridad a los proveedores provinciales o municipales, como suele ser la práctica en las provincias mineras o petroleras para garantizar la llamada "licencia social para operar". Esta medida fue impulsada por Manuel Benítez de la CAPMIN y canalizada a través de la Unión Industrial Argentina (UIA) para que se convirtiera en ley como condición para apoyar los incentivos.
Beneficios para los Proveedores Locales
Con el objetivo de promover la industria nacional, se incluyeron en el RIGI algunos artículos que obligan a las empresas beneficiarias a destinar al menos un 20% de la inversión en proveedores locales. Esta nueva ley ha reavivado la discusión en torno al concepto de proveedor local, que muchas empresas habían resuelto anteriormente con buena voluntad y la intervención de las autoridades, como sucedió en Santa Cruz con el impulso de Silvina Córdoba, ex ministra de Minería, quien introdujo el concepto de "territorialidad" para acompañar al de proveedor local. Sin embargo, este concepto no está incluido en la ley del RIGI en relación con los proveedores locales, lo que ha generado cierta confusión y debate en el sector.
Desafíos y Conflictos
La falta de claridad en la definición de proveedor local y las obligaciones asociadas a este concepto han generado tensiones entre las empresas y los proveedores. En muchos casos, los proveedores mineros han mostrado una actitud ambigua a la hora de reclamar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, incluso frente a su propia comunidad. Estas discrepancias podrían poner en riesgo contratos multimillonarios, como el caso del proyecto Josemaría en San Juan, con una inversión estimada en miles de millones de dólares. Por lo tanto, es crucial establecer acuerdos claros y justos para garantizar que la implementación del RIGI beneficie a todos los actores involucrados y fomente el desarrollo económico del país.
Marco Legal y Disposiciones del RIGI
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones abarca 65 de los 234 artículos de la ley Bases agrupados en 12 capítulos. Algunas de las disposiciones más relevantes incluyen la identificación de los sectores alcanzados, la nulidad de cualquier norma que restrinja lo establecido en la ley, la fijación de montos mínimos de inversión, la reducción del impuesto a las Ganancias, la aplicación de créditos fiscales al pago del IVA y la exención de aranceles para la importación de equipos y mercaderías. Estas medidas buscan promover la inversión y generar un ambiente propicio para el desarrollo de sectores estratégicos en el país.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es una herramienta fundamental para impulsar la producción minera y otros sectores estratégicos, al establecer un marco de certidumbre y beneficios fiscales para las empresas. Sin embargo, es necesario resolver los conflictos y ambigüedades en torno al concepto de proveedor local para garantizar su efectiva implementación y maximizar sus beneficios para la economía nacional.
Experto en Economía y Política Industrial
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