Escándalo Enlazados: Fiscalía busca recuperar $26 millones robados
La estafa de Enlazados: Una administrativa acusada de desviar $26 millones
Responsabilidades y exigencias
El exgobernador Alfredo Cornejo ha exigido a la Justicia que acelere la causa por estafa en el programa Enlazados y recupere los $26 millones que fueron desviados por una empleada técnica. Cornejo ha destacado que todas las pruebas fueron proporcionadas por el Ministerio de Producción y que se busca una sanción para los responsables y la devolución del dinero.
Imputados y pruebas reunidas
Las implicadas en la estafa son la ex empleada Valentina Cáceres y su pareja, junto con una treintena de beneficiarios de una empresa fantasma. Se investiga si Cáceres cargaba a los empleados falsos en empresas del programa, emitía la orden de pago y luego los eliminaba.
La fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de la investigación, aún no ha imputado a la pareja pero podría hacerlo en breve. Se espera información de las cuentas bancarias de los implicados para rastrear la ruta del dinero estafado.
"Queremos que tengan sanción y además que se vea adónde fue a parar ese dinero y que lo devuelvan quienes se lo llevaron ilegalmente".
- Alfredo Cornejo, exgobernador de Mendoza
Posibles vías de recuperación
La Justicia tiene dos opciones para recuperar la suma estafada: hacerlo compulsivamente, para lo cual necesita la información de los movimientos bancarios, o que los implicados ofrezcan devolverla para resarcir el daño y reducir su posible pena.
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Interés en devolver el dinero
Un abogado defensor de la pareja de implicados ha manifestado de manera informal su interés en devolver el dinero estafado. Sin embargo, aún no hay documentación que respalde esta afirmación.
Modus operandi de la estafa
La administrativa, Valentina Cáceres, habría adulterado información para beneficiarse a sí misma y a otras 31 personas mediante el programa Enlazados. Asignaba a estos individuos a empresas del programa o creaba empresas inexistentes para vincularlos y acceder a los subsidios.
Irregularidades detectadas
La maniobra fue detectada a fines de abril y se estima que comenzó en diciembre de 2023. Los beneficiarios cobraron irregularmente cerca de $200.000 mensuales, alcanzando un total de $26 millones.
Las pruebas presentadas a la Fiscalía incluyen registros de las operaciones realizadas por Cáceres, quien cargaba y borraba los datos fraudulentos de los beneficiarios para generar las órdenes de pago de los subsidios.
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