Ley Ómnibus: Estafas ocultas y habilitación de privatización de bienes estatales

La Ley Ómnibus, una trampa para el patrimonio estatal

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La estafa oculta: cesión de bienes públicos a privados

En las profundidades de la Ley Ómnibus, se esconde una cláusula insidiosa diseñada para permitir que entidades privadas se apropien de bienes estatales sin siquiera dar una respuesta.

El artículo en cuestión establece que si el Estado no responde a una solicitud de permiso para utilizar propiedad pública dentro de un plazo de 60 días, la solicitud se considerará aprobada por defecto. Esto significa que individuos o corporaciones pueden presentar solicitudes para construir en tierras públicas, como parques o terrenos ferroviarios, y si el Estado no responde a tiempo, el solicitante adquiere derechos sobre la propiedad.

La revelación de la senadora Di Tullio

La senadora Juliana Di Tullio fue la primera en exponer esta estafa durante una sesión de comisión en el Senado. Preguntó al abogado Carlos Nielsen Enemark, invitado a disertar sobre la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, si su interpretación era correcta.

El Sr. Nielsen Enemark confirmó que la cláusula efectivamente permitiría que los solicitantes tomaran posesión de bienes estatales si el Estado no respondía a su solicitud dentro del plazo estipulado.

El interés privado prima sobre el bien común

"Este es un proyecto de ley claramente elaborado por un sector interesado que no observa lineamientos de interés común".

Carlos Nielsen Enemark, abogado

Según el Sr. Nielsen Enemark, la cláusula fue diseñada por aquellos con intereses creados, quienes se beneficiarían de obtener acceso a bienes públicos valiosos. Esta disposición no tiene como objetivo mejorar la gestión del interés público, sino enriquecer a unos pocos a expensas de la mayoría.


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Implicaciones legales y resistencia ciudadana

Cuestionamientos judiciales

Los expertos legales advierten que la cláusula de silencio positivo es susceptible de impugnación judicial. Puede violar los principios de transparencia, rendición de cuentas y debido proceso que rigen el funcionamiento del Estado.

Resistencia ciudadana

La sociedad civil también se ha movilizado contra esta estafa. Los grupos de defensa y los ciudadanos preocupados están organizando campañas de sensibilización y presionando a los legisladores para que eliminen la cláusula de la Ley Ómnibus.

Beneficios para las grandes corporaciones

Los más beneficiados por la cláusula de silencio positivo serían las grandes corporaciones con los recursos para presentar solicitudes masivas y aprovechar el silencio del Estado.

Estas corporaciones podrían acumular enormes extensiones de tierra pública y otros activos valiosos sin tener que pagar una compensación justa o rendir cuentas ante el pueblo.

El riesgo de un saqueo de bienes públicos

Si la cláusula de silencio positivo se convierte en ley, podría abrir las compuertas a un saqueo a gran escala de bienes públicos. Tierras, parques, áreas costeras y otros recursos que pertenecen al pueblo podrían ser arrebatados por intereses privados sin su consentimiento.

Esta estafa representa una grave amenaza para el bienestar y la prosperidad de la nación. Es imperativo que el público esté atento a esta maniobra oculta y exija que se elimine de la Ley Ómnibus.

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Fuente: https://twitter.com/gabyspepe/status/1790107568666227148

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