Malvinas: Debate por Granjas de Salmón, Economía, Medio Ambiente y Soberanía.

El Atlántico Sur se encuentra en el epicentro de un debate complejo y multifacético: la posible instalación de granjas de salmón en aguas circundantes a las Islas Malvinas. Esta iniciativa, impulsada por la empresa Unity Marine, no solo plantea interrogantes sobre el impacto ambiental y la viabilidad económica, sino que también reaviva la histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. El proyecto, con una inversión inicial de 6.7 millones de dólares, promete diversificar la economía isleña y generar empleo, pero sus detractores advierten sobre los riesgos de replicar los problemas ambientales asociados a la salmonicultura intensiva, como la contaminación y los escapes de peces. Este artículo explorará en profundidad las dimensiones ambientales, económicas y geopolíticas de esta controvertida propuesta, analizando los argumentos a favor y en contra, y el cronograma previsto para la toma de decisiones.

El Proyecto Unity Marine: Detalles y Objetivos

Unity Marine, una empresa con capitales británicos y daneses, propone una producción inicial de 50.000 toneladas anuales de salmón, con la ambición de cuadruplicar esa cifra en el futuro. La fase inicial de la inversión, estimada en 5 millones de libras esterlinas, contempla la instalación de ocho centros de cultivo ubicados entre tres y siete kilómetros de la costa de Isla Soledad, junto con dos criaderos terrestres con sistemas de acuicultura de recirculación en Puerto Yegua y Puerto Nuevo. La empresa se asocia con la consultora danesa F-Land ApS, que ha realizado estudios de corrientes marinas y oleaje para identificar las zonas más adecuadas para la ubicación de las granjas. Unity Marine enfatiza su compromiso con la sostenibilidad, prometiendo el uso de tecnología avanzada, infraestructura alimentada parcialmente por energía eólica, redes antidepredadores y barcazas de alimentación a distancia. Además, la empresa planea importar ovas y alimentos balanceados, lo que implica una dependencia de proveedores externos.

El argumento central de Unity Marine radica en la diversificación económica de las Islas Malvinas. La economía isleña ha dependido históricamente de la pesca del calamar, una actividad que actualmente se encuentra en declive. La salmonicultura, según la empresa, podría generar empleos calificados y atraer a jóvenes formados en el exterior, revirtiendo la tendencia a la emigración. James Wallace, director de Unity Marine, sostiene que el proyecto representa una oportunidad para modernizar la economía isleña y reducir su vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado del calamar. Sin embargo, esta visión optimista choca con las preocupaciones ambientales y geopolíticas que rodean al proyecto.

Impacto Ambiental: Lecciones de Chile y la Prohibición en Tierra del Fuego

Las organizaciones ambientalistas, como Por el Mar y Malvinas Libres de Salmón, han expresado un rechazo frontal al proyecto, argumentando que podría replicar los impactos negativos ya observados en la salmonicultura intensiva en Chile. Estos impactos incluyen la contaminación por nutrientes, el uso intensivo de antibióticos, los escapes de peces y el daño a los ecosistemas nativos. La acumulación de materia orgánica proveniente de los desechos de los peces y los alimentos no consumidos puede generar zonas de hipoxia (bajos niveles de oxígeno) que afectan a la vida marina. El uso de antibióticos para combatir enfermedades en las granjas puede contribuir al desarrollo de bacterias resistentes, lo que representa una amenaza para la salud humana y animal. Los escapes de peces cultivados pueden competir con las especies nativas, alterar la genética de las poblaciones silvestres y transmitir enfermedades.

La experiencia chilena ha sido particularmente alarmante, con episodios de floraciones algales nocivas (FAN) causadas por la contaminación de las aguas, y la propagación de enfermedades como el SRS (Síndrome de Reconstrucción Renal) que han afectado gravemente a la industria salmonicultora. Ante esta situación, la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, sancionó en 2021 la primera ley en el mundo que prohíbe la salmonicultura, estableciendo un precedente de protección ambiental en la región. Esta ley, que se basa en la evidencia científica sobre los impactos negativos de la salmonicultura, ha sido citada por los detractores del proyecto en las Malvinas como un ejemplo de la necesidad de proteger los ecosistemas marinos.

La Dimensión Geopolítica: Soberanía y Explotación de Recursos

El debate sobre la salmonicultura en las Islas Malvinas trasciende las consideraciones ambientales y económicas, adentrándose en el terreno de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Para Argentina, la instalación de granjas de salmón se interpreta como una explotación unilateral de recursos en un territorio que considera propio. El gobierno argentino ha mantenido históricamente su reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, argumentando que fueron ocupadas ilegalmente por el Reino Unido en 1833. La explotación de recursos naturales en el archipiélago, como la pesca y la exploración de hidrocarburos, es vista por Argentina como una violación de su soberanía y un obstáculo para la negociación de una solución pacífica a la disputa.

La decisión de permitir la salmonicultura a gran escala en las Malvinas podría ser interpretada como una señal de que el Reino Unido está consolidando su control sobre el archipiélago y sus recursos naturales. Esto podría exacerbar las tensiones entre Argentina y el Reino Unido, y dificultar la posibilidad de un diálogo constructivo. La cuestión de la soberanía es un tema sensible en Argentina, y cualquier acción que se perciba como una afrenta a la integridad territorial del país puede generar reacciones negativas. La explotación de recursos en las Malvinas también plantea interrogantes sobre la distribución de los beneficios económicos y la protección de los derechos de los habitantes de la región.

El Proceso de Decisión en las Islas Malvinas: Cronograma y Consulta Pública

La decisión final sobre la cría comercial de salmones en las Islas Malvinas no será inmediata. El legislador electo Mark Pollard ha informado que la responsabilidad recaerá en la próxima Asamblea Legislativa, que asumirá tras las elecciones generales. Este órgano recibirá información técnica detallada sobre el proyecto y podrá decidir, si lo considera necesario, realizar un viaje a países productores de salmón para evaluar sus experiencias. El cronograma previsto para la toma de decisiones incluye una consulta pública que se iniciaría en febrero de 2026 y se extendería por ocho meses. Las respuestas obtenidas durante la consulta pública serían evaluadas entre abril y mayo de 2026, y el Consejo Ejecutivo elaboraría un informe final hacia junio de 2026.

Conforme a un acuerdo judicial de junio de 2024, la decisión definitiva deberá adoptarse antes del 7 de marzo de 2027. Este acuerdo establece un plazo límite para la resolución del conflicto, lo que obliga a las autoridades isleñas a tomar una decisión en un plazo razonable. La consulta pública es un elemento clave del proceso de decisión, ya que permite a los habitantes de las Islas Malvinas expresar sus opiniones y preocupaciones sobre el proyecto. La transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para garantizar que la decisión final sea legítima y refleje los intereses de la comunidad isleña. El proceso de consulta pública también podría incluir la participación de expertos independientes y representantes de organizaciones ambientalistas.

Fuente: https://pescare.com.ar/cria-comercial-de-salmones-en-las-islas-malvinas/