Mega estafa provincial: Ex funcionario continúa con arresto domiciliario
Mega Estafa: Ex Director de Fiscalización Continuará con Domiciliaria en Causa por Planes Sociales
Detenidos y Medidas Cautelares
En el marco de la investigación de una presunta mega estafa a la provincia de Neuquén con planes sociales, el ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz, continuará bajo prisión domiciliaria por seis meses. Es el único imputado que cumple esta medida entre los acusados como jefes de la banda. El ex director general de Gestión de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y el responsable de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna, permanecerán en prisión preventiva.
Los otros dos ex funcionarios implicados como jefes en el delito, el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler, enfrentan medidas cautelares de embargos y restricciones económicas. El resto de los imputados, 26 personas entre ex funcionarios y empleados, también están sujetos a medidas similares.
Investigación y Acusaciones
La fiscalía imputa al grupo de acusados la integración de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas en la administración y el cobro de planes sociales mediante cheques y tarjetas de débito. La investigación, que concluirá el 29 de julio, abarca maniobras desarrolladas entre septiembre de 2020 y julio de 2022.
La asistente letrada de la fiscalía de Delitos Económicos, Tanya Cid, indicó que la investigación se encuentra en su etapa final y que el monto total del perjuicio aún está siendo determinado. Las pruebas reunidas hasta el momento incluyen documentación, testimonios y cruces de información bancaria.
Modus Operandi de la Estafa
Según las acusaciones, los imputados habrían creado una red para apoderarse de los fondos destinados a los planes sociales. Supuestamente, falsificaban documentos y empleaban testaferros para cobrar los beneficios indebidamente. El uso de cheques y tarjetas de débito facilitaba la extracción de dinero.
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La investigación también apunta a determinar la posible connivencia de otros funcionarios o empleados que habrían brindado información privilegiada o colaboración a los imputados. Las autoridades están analizando el papel de cada uno de los acusados y su grado de participación en la estafa.
El caso ha generado gran conmoción en Neuquén, tanto por la magnitud de la estafa como por la participación de ex funcionarios de alto rango. Los recursos públicos desviados estaban destinados a brindar asistencia a sectores vulnerables de la población.
El Ministerio de Desarrollo Social se encuentra trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos de control para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
El fraude ha tenido un impacto económico y social negativo en la provincia. Los recursos malversados podrían haber sido utilizados para financiar programas sociales, brindar asistencia sanitaria o infraestructura esencial. La investigación y el posterior juicio servirán para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
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