Polo Obrero acusados de extorsion y estafa a beneficiarios de planes sociales
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas serán sometidas a juicio oral y público por presuntas extorsiones a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y defraudación al Estado, según lo solicitado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
La compleja trama delictiva del Polo Obrero
La investigación de Pollicita revela una "compleja matriz delictiva" en la que el Polo Obrero ejercía un control indebido sobre miles de personas en situación de vulnerabilidad para obtener dinero de los planes sociales. El fiscal sostiene que la organización, liderada por Belliboni, "corrompió las facultades que les habían sido asignadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social para manejar los fondos del Plan Potenciar Trabajo en su propio beneficio".
Extorsión sistemática
La investigación determinó que hasta febrero de 2024, el Polo Obrero controlaba 65.000 planes sociales y retenía parte del dinero a sus beneficiarios. Según Pollicita, en solo seis meses, la organización habría recaudado más de 313 millones de pesos mediante este mecanismo.
Los acusados implementaron "un esquema de extorsiones y amenazas coactivas" para garantizar su influencia sobre los beneficiarios de los planes sociales, obligándolos a entregar parte del dinero recibido del Estado.
Fraude con facturas apócrifas
Además de la extorsión, los acusados también fueron imputados por defraudación al Estado. La fiscalía sostiene que el Polo Obrero recibió fondos del ex Ministerio de Desarrollo Social para proyectos de formación laboral, pero estos habrían sido desviados mediante la utilización de más de un centenar de facturas falsas, simulando gastos en la implementación de programas sociales.
El origen de la investigación
Denuncias anónimas
La causa se inició en diciembre de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei habilitó una línea telefónica para recibir denuncias anónimas sobre coerción en organizaciones sociales. La medida tenía como objetivo evitar que los beneficiarios de planes sociales fueran obligados a participar en la marcha del 20 de diciembre, que conmemora los disturbios del 2001.
Las denuncias recibidas dieron lugar a la investigación en Comodoro Py, donde se tomaron declaraciones a testigos protegidos que confirmaron las presuntas extorsiones.
Próximos pasos en la causa
El juez federal Sebastián Casanello deberá decidir si eleva la causa a juicio oral. Belliboni y los otros 17 imputados enfrentarán cargos por extorsión y defraudación al Estado. La fiscalía argumenta que existen pruebas contundentes para condenarlos.
La investigación del fiscal Pollicita es contundente. Demuestra que el Polo Obrero ha lucrado con la pobreza, explotando a los más necesitados. Es fundamental que se haga justicia y que los responsables sean condenados.
Abogado especialista en derecho penal
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