Inflación en Uruguay está en mínimo histórico pero al gobierno le preocupa riesgo fiscal e impacto en el empleo
Durante años, en Uruguay existió un consenso sobre la inflación: un índice anual en torno al 8% se consideraba una suba de precios dentro de una zona de confort. Generalmente, el Índice de Precios del Consumo (IPC) presentaba valores superiores a los del resto del mundo, y era habitual que se incumplieran las metas fijadas por el Banco Central del Uruguay (BCU).
En los últimos cinco años, esta situación comenzó a cambiar. En 2025, el IPC cerró en 3,65%, el valor más bajo en los últimos 24 años en el país. Esta cifra es inferior al objetivo del BCU (4,5%), pero se encuentra dentro del rango de tolerancia establecido por la autoridad monetaria (3%-6%). Sin embargo, esta situación plantea un problema que, hasta hace una década, era impensado para Uruguay: las autoridades y los analistas del mercado consideran que este valor es incómodo para el país.
En particular, el gobierno presta atención a dos problemas principales: la posible incidencia en el resultado fiscal y en el mercado laboral.
¿Qué hay detrás de estos números?
La consultora Exante explicó que, al analizar los datos de inflación por rubro, se observa una “gran disparidad” en la evolución de los precios en Uruguay.
La caída del dólar en el país –que se desvalorizó un 11% en Uruguay en 2025– ha influido en la situación. La divisa estadounidense provocó que el 30% de los rubros en el componente transable (el que tiene exposición al mercado internacional) del IPC experimentaran deflación en 2025. Por lo tanto, si no se producen descensos adicionales del dólar, es probable que esta inflación no transable no se mantenga en “niveles tan reducidos como los actuales”.
En cambio, más de la mitad de los rubros en el componente “no transable” –es decir, los vinculados al mercado doméstico– registraron aumentos de precios superiores al 6%.
“La inflación ‘no transable’ suele tener mayor rigidez. Aún así, la persistencia de una política monetaria restrictiva, una mayor credibilidad en la meta y un cambio de ritmo en la dinámica salarial están permitiendo una moderación gradual”, señaló la consultora. De hecho, es la primera vez en casi dos décadas que este “componente más doméstico” se encuentra dentro del rango meta establecido por las autoridades.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, declaró en una rueda de prensa que esta situación es motivo de “preocupación”, a pesar de que representa algo positivo para la población. “Una inflación baja está asociada a problemas de competitividad y es algo que el Banco Central ha señalado que está trabajando”, afirmó.
El subsecretario Martín Vallcroba destacó en la red social X que los avances en el país fueron “importantes”, pero que “preocupan” los “incumplimientos” tanto por arriba como por debajo de la meta. También expresó su preocupación por los “efectos sobre otras variables económicas”.
El economista Javier De Heado, por su parte, consideró que la responsabilidad recae en el Banco Central. “Esperemos que, además de preocuparse, se ocupen. Por ejemplo, volver a intervenir en el mercado de cambios. Señalar la preocupación con acción para que no quede en eso”, expresó.
Riesgos fiscales y laborales
Luciano Magnífico, economista de Exante, explicó en el programa En Perspectiva de Radiomundo que existen un “conjunto de posibles riesgos relacionados con las sorpresas deflacionarias”. En particular, los riesgos fiscales y laborales.
“En materia fiscal, es importante entender que las cuentas públicas se gestionan en términos nominales. Con una inflación menor, la recaudación crece más lentamente en pesos corrientes. En cambio, del lado del gasto, hay partidas que se asignan al inicio del período. Entonces, si se ejecuta el gasto nominal previsto, con menor inflación el déficit resulta mayor y el crecimiento de los egresos en términos reales es superior al programado originalmente”, explicó Magnífico.
Este argumento fue utilizado por el gobierno de Luis Lacalle Pou para explicar por qué el déficit fiscal fue mayor al previsto el año pasado.
En cuanto al empleo, agregó, el “riesgo principal” es el salario real. “Si la inflación baja más rápido de lo esperado y los salarios nominales ya están acordados, el salario real crece más de lo previsto. El lado positivo es que esto favorece el poder adquisitivo de los hogares y puede generar un mayor crecimiento del consumo privado. Sin embargo, representa un desafío para los costos de las empresas, especialmente en sectores con menor productividad y, por lo tanto, menor capacidad para absorber costos incrementales”, explicó el analista.
El riesgo, señaló, es que se produzcan “ajustes” por el lado del empleo.
