ABC para entender los cambios que propone Milei a la Ley de Glaciares
Buenos Aires — El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso argentino entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, modificaciones a la Ley de Glaciares. El objetivo es destrabar inversiones mineras estimadas en más de US$20.000 millones.
Estos proyectos se ubican en la Cordillera de los Andes y actualmente enfrentan restricciones debido a la normativa vigente.
La comunicación oficial se publicó en el Boletín Oficial a través del Decreto 24/2026, firmado por el jefe de Estado y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El decreto invoca las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.
¿Qué prohíbe la Ley de Glaciares?
La Ley de Glaciares prohíbe la realización de actividades mineras, hidrocarburíferas y de infraestructura sobre los glaciares y en las áreas definidas como ambiente periglaciar. Esto se debe a que se consideran reservas estratégicas de recursos hídricos, destinadas prioritariamente al consumo humano.
La norma busca preservar estos territorios para garantizar el abastecimiento de agua y la protección de los ecosistemas de alta montaña. Esta protección ha limitado el desarrollo de numerosos proyectos extractivos en zonas cordilleranas.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) impulsa la reforma de la normativa con el objetivo de promover inversiones. Por otro lado, parte de la oposición destaca la importancia de conservar las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, que es el principal objetivo de la ley actual.
El oficialismo busca aplicar cambios en la ley para habilitar proyectos relacionados con la megaminería y facilitar el desarrollo económico, especialmente en el sector de hidrocarburos.
Antecedentes de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares fue promulgada en 2011, tras su sanción en 2010, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, el proyecto original había sido sancionado en 2009 y vetado por la expresidenta. En 2019, la Corte Suprema de la Nación declaró la constitucionalidad de la Ley, tras un reclamo de Barrick Gold en el marco del proyecto Pascua Lama. La Corte también convocó a Nación y provincias a resolver controversias sobre la norma.
A fines de 2025, se presentó al Senado de la Nación el régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del ambiente Periglaciar. Este proyecto modifica la Ley de Glaciares de 2010 y busca establecer un marco que otorgue mayor seguridad jurídica para la explotación de los recursos naturales del país.
Este proyecto cuenta con el respaldo del presidente y es reclamado por la industria minera.
Debate y expectativas
Se espera un fuerte debate entre el sector minero y el ambiental, en un contexto en el que Milei intentó -sin éxito- modificar la Ley de Glaciares en la Ley Bases. Las organizaciones advierten sobre el riesgo para las reservas estratégicas de agua dulce que busca proteger la ley actual.
El Ejecutivo espera que una eventual sanción logre destrabar inversiones mineras por más de US$20.000 millones en proyectos ubicados en la zona de la Cordillera de los Andes, actualmente obstaculizados por la normativa vigente.
La iniciativa enviada por el oficialismo apunta a un articulado que sea compatible con “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”.
Las provincias determinarán la autoridad competente para la aplicación de la ley, mientras que el texto limita los alcances de la protección.
El ambiente periglaciar: un punto clave
El ambiente periglaciar comprende áreas de alta montaña caracterizadas por suelos congelados o semicongelados, incluso sin hielo visible en superficie.
Su inclusión dentro del área protegida amplió significativamente el alcance de la ley y es uno de los principales puntos de controversia. El sector minero argumenta que la definición actual genera restricciones sobre extensas zonas con potencial productivo y aumenta la incertidumbre regulatoria.
El Inventario Nacional de Glaciares
La ley creó el Inventario Nacional de Glaciares como herramienta técnica para identificar y delimitar las áreas protegidas. El relevamiento, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se utiliza como referencia en la evaluación de proyectos y en la aplicación de las prohibiciones previstas en la normativa vigente.
